POSTURAS SOBRE LA PENA DE MUERTE.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) organizó el primer debate regional descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual a menores de edad, como un espacio para escuchar la voz del pueblo y promover un diálogo participativo en el país.

“El Minjusdh y el Gobierno no tienen una posición ni a favor ni en contra. Este no es un debate para obtener réditos políticos, es un espacio franco, sincero y honesto para recibir las impresiones de la ciudadanía”, afirmó el titular del sector, Eduardo Arana Ysa, al inaugurar la cita en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad.

El funcionario manifestó que el Poder Ejecutivo busca “escuchar a las fuerzas vivas de la nación, a las fuerzas concurrentes para que digan su verdad y su posición”.

Tema controversial

En este contexto, el abogado Claudio Cajina Samamé consideró que la “propuesta de restituir la pena de muerte para los violadores sexuales es, sin duda, un tema muy controversial y sensible que apela a emociones profundas. Entiendo la indignación y el deseo de justicia de la sociedad frente a delitos tan atroces, pero considero que no es la solución adecuada”.

El socio del estudio Dentons Perú sostuvo que, desde una perspectiva legal y humanista, “esta medida podría ser incompatible con los principios fundamentales del derecho a la vida y los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Además, no aborda las causas estructurales de la violencia sexual ni garantiza justicia plena”.

En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, el letrado manifestó que la proporcionalidad y la justicia no solo se miden por la severidad de la pena, sino también por la capacidad del sistema de garantizar su aplicación correcta y justa.

“En un contexto en el que el sistema judicial peruano enfrenta problemas estructurales, como la corrupción, la falta de recursos y errores judiciales, la pena de muerte puede derivar en graves injusticias. Más que proporcional, podría resultar desproporcionada al no contemplar la posibilidad de rehabilitación ni las circunstancias específicas de cada caso”, advirtió.

Cajina refirió que el riesgo de condenar a inocentes es uno de los argumentos más fuertes y utilizados en contra la pena de muerte. Los casos de violación sexual suelen ser complejos,y pueden estar marcados por testimonios contradictorios, falta de pruebas directas y errores en la investigación, detalló.

“En un sistema judicial imperfecto, la posibilidad de una condena errónea siempre existe, y la pena de muerte es irreversible. Un solo error significaría una injusticia irreparable”, recalcó.

El abogado opinó también respecto al argumento de que la pena de muerte podría disuadir a las víctimas de denunciar, especialmente si el agresor es alguien cercano. “Es un riesgo real. Muchas víctimas de violación sexual, especialmente menores, enfrentan enormes barreras para denunciar, sobre todo si el agresor es un familiar o alguien cercano”, expresó.

“Si la denuncia conlleva la posibilidad de la pena de muerte para el agresor, las víctimas podrían sentir una mayor presión emocional y social para guardar silencio, perpetuando el ciclo de impunidad y violencia”, argumentó.

Sobre la posibilidad de que la pena de muerte pueda reducir la incidencia de las violaciones sexuales, Cajina aseveró que la evidencia empírica no confirma que tenga un efecto disuasivo significativo en la comisión de delitos graves, incluida la violación sexual.

“Estudios efectuados en países con pena de muerte muestran que la incidencia de estos delitos no es menor en comparación con países que no la aplican. Esto sugiere que la violencia sexual tiene raíces más complejas, como factores culturales, sociales y educativos, que no se resuelven con medidas punitivas extremas”, refirió.

Modificación

A la par, dijo, la implementación de la pena de muerte en el Perú requeriría modificar la Constitución Política, específicamente el artículo 140°, que solo permite esta sentencia para los delitos de traición a la patria y terrorismo.

“Además, sería necesario denunciar tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual tendría graves implicancias diplomáticas y éticas. Estos pasos son complejos y podrían comprometer la estabilidad jurídica y el compromiso del Perú con los derechos humanos”, alertó.

“El Perú es parte de la Convención, que establece la abolición progresiva de la pena de muerte. La reintroducción de esta pena implicaría la denuncia de este tratado, lo que podría generar consecuencias diplomáticas graves, como el deterioro de relaciones internacionales y cuestionamientos a nuestro compromiso con los derechos humanos”, recalcó.

Cajina explicó esta decisión podría debilitar la posición del Perú en foros internacionales y afectar la cooperación en temas de justicia y derechos humanos en beneficio del país.

Enfoques

Claudio Cajina calificó de un “asunto muy complejo”, y del que se habla mucho, la adopción de reformas para combatir y prevenir la violencia sexual en el Perú, en el que “finalmente los resultados parecen no llegar”.

“Las reformas y enfoques más efectivos deben ser multidisciplinarios y dirigirse en prevenir el delito y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas”, afirmó.

El letrado resaltó que estas acciones incluyen mejorar la educación sexual integral en las escuelas para abordar temas como el consentimiento y relaciones saludables.

Además, dijo, es importante incrementar la capacitación de policías, fiscales y jueces en la atención de los casos de violencia sexual; así como garantizar mayor celeridad y transparencia en los procesos judiciales.

Cajina planteó también establecer programas de rehabilitación para agresores y medidas de protección efectiva para las víctimas; y fortalecer las campañas de sensibilización para cambiar las actitudes sociales que perpetúan la violencia sexual en el país.

“Estas propuestas son algunas ideas generales de los distintos ángulos desde los que se debe abordar la grave problemática de la violencia sexual, recalcó el letrado.

El Código Penal precisa que la violencia sexual se reprimirá con una pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años.

La sentencia será no menor de 20 ni mayor de 26 años en una serie de agravantes como, por ejemplo, si la violación se efectúa con el empleo de arma o por dos o más sujetos; o si el agresor es directivo, docente, auxiliar o personal administrativo en el centro educativo donde estudia la víctima.

Mientras, al que cometa una violación sexual a un menor de 14 años se le sancionará con pena de cadena perpetua, subraya el artículo 173° del código.

Cifra

97.7% de los trujillanos, mediante una encuesta digital, se mostraron a favor de la pena de muerte, refirió Minjusdh.

 

Fuente: El Peruano.