No se vulnera el derecho de defensa al no contar con intérprete, si la favorecida comprende el idioma y se muestra conforme con su uso
Fundamento destacado. 25. Por consiguiente, esta Sala del Tribunal Constitucional considera que no se ha transgredido el derecho a la identidad étnica y cultural expresada en el uso del idioma propio ante las autoridades o mediante intérprete reconocido en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 19), segundo párrafo, habida cuenta de que la favorecida comprende el idioma castellano y se muestra conforme con su uso; por ello tuvo la ocasión de defenderse de todos y cada uno de los hechos imputados en las etapas del proceso penal seguido en su contra; en consecuencia, no se ha vulnerado el derecho de defensa.
Tribunal Constitucional
Sala Segunda. Sentencia 1340/2024
Expediente Nº 02550-2024-PHC/TC, Lima
CECILIA DE SOUZA REPRESENTADA POR ROBERTO MENDOZA QUINTANILLA – ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 3 días del mes de octubre de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Roberto Mendoza Quintanilla, abogado de doña Cecilia de Souza, contra la Resolución 2 [1], de fecha 7 de mayo de 2024, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de octubre de 2023, don Roberto Mendoza Quintanilla interpuso demanda de habeas corpus a favor de doña Cecilia de Souza contra el Poder Judicial[2] . Denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, en lo concerniente a los derechos de defensa, a ser oído en el idioma natural, a probar, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a no ser objeto de tratos humillantes, a la dignidad humana y a la garantía de la cosa juzgada.
Solicita que se declaren nulas (i) la sentencia de fecha 15 de abril de 2023[3], en el extremo que condenó a doña Cecilia de Souza como autora del delito contra el patrimonio-hurto agravado en grado de tentativa a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por dos años; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 320, de fecha 23 de agosto de 2023[4], en el extremo que confirmó la condena, la revocó en el extremo de la pena, la reformó y le impuso dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el mismo término de dos años[5]; y nulos (iii) el Dictamen 295-2016, de fecha 6 octubre de 2016[6], expedido por la Décima Quinta Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, mediante el cual opina haber mérito para formular acusación penal contra la favorecida; y (iv) el Dictamen 211- 2023 de fecha 17 de julio de 2023[7], emitido por la Quinta Fiscalía Superior Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, mediante el cual opina que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la beneficiaria contra la sentencia de fecha 15 de abril de 2023.
Sostiene que las resoluciones judiciales expedidas por el Décimo Quinto Juzgado Penal de Lima y la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como los dictámenes fiscales cuestionados no valoraron las pruebas aportadas que acreditan la condición jurídica de la favorecida como sujeto inimputable debido a su estado de salud mental. Refiere que la condición de inimputable de la beneficiaria fue reconocida en otro proceso judicial, a través de la Resolución 3, de fecha 12 de noviembre de 2018, con calidad de cosa juzgada, emitida por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja en el Expediente 294-2018.
Agrega que los problemas de salud mental de la favorecida y su situación de extranjera que no domina el idioma español han suscitado una situación de indefensión real a lo largo del proceso, y que, luego de emitida la acusación fiscal, se solicitó un intérprete oficial para la favorecida, pedido que fue denegado.
En relación con los Dictámenes Fiscales 295-2016 y 211-2023 alega que adolecen de motivación aparente e insuficiente, pues no evalúan la prueba de inimputabilidad presentada ni presentan argumentos objetivos que justifiquen sus fundamentos.
El Sétimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución 1, de fecha 18 de octubre de 2023, admitió a trámite la demanda[8].
(Continúa…)
