“Cuando la justicia desafió al poder: Antonia Saquicuray y la inaplicación de la Ley de Amnistía”
La decisión de la jueza Antonia Saquicuray de inaplicar en 1995 la Ley de Amnistía N.° 26479 constituye un hito en la defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos en el Perú. En un contexto político marcado por el autoritarismo y la concentración de poder en el régimen fujimorista, esta resolución rompió con la lógica de impunidad que buscaba blindar a agentes estatales involucrados en graves violaciones de derechos fundamentales.
El análisis de la jueza se adelantó a lo que posteriormente confirmaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos (2001): que las leyes de amnistía que pretenden exonerar de responsabilidad a quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres son incompatibles con el derecho internacional y carecen de efectos jurídicos.
Su postura reafirmó la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre las decisiones legislativas que vulneran derechos inderogables, sentando un precedente ético y jurídico en la defensa del principio de acceso a la justicia y reparación para las víctimas.
No obstante, la reacción política fue inmediata: el Congreso aprobó la Ley 26492, cerrando cualquier control judicial sobre la amnistía. Ese episodio revela la tensión permanente entre el poder político y el judicial, y evidencia cómo la judicatura, incluso en contextos adversos, puede convertirse en un contrapeso frente a la arbitrariedad estatal.
La figura de Saquicuray se mantiene como símbolo de resistencia judicial frente a la impunidad, recordándonos que el compromiso con los derechos humanos exige, muchas veces, decisiones valientes frente al poder político.
INFORME DEFENSORIAL Nº 57
AMNISTIA vs. DERECHOS HUMANOS
Buscando justicia
I. ANTECEDENTES: EL PROCESO DE CONTROL DEL PODER
1. EL AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL DE 1992 Y EL PROCESO DE CONTROL DEL PODER
a) Como consecuencia del autogolpe del 5 de abril de 1992, se inició en el Perú un progresivo proceso de concentración del poder político por parte del gobierno anterior. Ello se evidenció con la disolución del Congreso de la República y la intervención de los órganos de control del poder, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República, entre otros. Tal intervención se concretó a través de la declaración de procesos de reforma o reorganización de dichas instituciones, así como de la destitución de sus miembros.
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