Perú le cierra la puerta al disenso internacional: expulsan a activista francés sin debido proceso.

La negativa de ingreso al activista francés Evans Clément por parte de las autoridades migratorias peruanas revela una preocupante tendencia hacia la instrumentalización del control migratorio como herramienta de censura política. La decisión se justificó bajo conceptos amplios y ambiguos como «seguridad nacional» y «orden público», sin transparencia ni fundamentación verificable, lo cual contradice los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, tanto en el derecho administrativo sancionador como en los estándares internacionales de derechos humanos.

Clément no tenía antecedentes penales, su presencia no representaba una amenaza evidente y sus actividades eran claramente de carácter político y pacífico. Incluso si se considera que tenía fines ideológicos, la libertad de expresión y el derecho a la participación política no se extinguen por nacionalidad, y su contacto con actores locales no debió considerarse un acto subversivo por sí mismo.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, el acto podría ser calificado como un acto administrativo discrecional sin control suficiente, que además expone al Estado peruano a responsabilidad internacional si se comprueba que hubo violación del derecho a la libre circulación, trato discriminatorio por motivos políticos o afectación al derecho de asociación. La falta de garantías procedimentales mínimas —como acceso a abogado, derecho a ser oído o apelación efectiva— podría constituir una violación a lo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual Perú está vinculado.

Finalmente, esta acción también puede generar tensiones diplomáticas innecesarias, sobre todo si el activista contaba con respaldo de un partido con representación parlamentaria en Francia. La política migratoria no puede convertirse en un instrumento de blindaje ideológico del gobierno, menos aún cuando se trata de visitantes con fines no violentos. Este episodio refuerza la percepción de una regresión autoritaria en materia de libertades fundamentales.