La omisión de informar una investigación secreta y su efecto en la protección de derechos fundamentales
El pronunciamiento contenido en el Exp. 460-2023-5 deja claro que, cuando la autoridad fiscal o policial incumple con informar oportunamente los hechos materia de una investigación secreta al vencimiento del plazo autorizado, ello ocasiona una afectación irreparable al derecho de defensa del investigado. Este daño, sin embargo, no puede anular el proceso ya avanzado, sino que habilita la adopción de una medida protectora de carácter innovativo, destinada a prevenir que dicha vulneración se repita y a reconocer la dimensión objetiva de los derechos vulnerados.
Esta interpretación revela una preocupante permisividad hacia las consecuencias de actuaciones procesales deficientes que lesionan garantías esenciales, al limitar la reparación a una medida innovativa sin mayor sanción procesal, pese a que el estándar interamericano exige consecuencias efectivas ante la transgresión de derechos fundamentales en sede penal.
El criterio prioriza la continuidad del proceso sobre la integridad de las garantías, abriendo espacio a posibles riesgos de impunidad institucionalizada si no se articulan controles más estrictos y correctivos reales sobre las omisiones en la fase de investigación.
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL
Expediente : 00460-2023-5-5001-JR-PE-10
Jueces superiores : Enriquez Sumerinde/Magallanes Rodríguez/ Mosqueira Cornejo
Ministerio Público : EFICOP-FECOP-SUPRA
Investigados : Javier Pérez Reyes y otros
Delitos : Organización criminal y otros
Agraviado : El Estado
Especialista judicial : Pilar Gabriela Esteba Velásquez
Materia : Apelación de auto sobre tutela de derechos
Resolución N.° 03 Lima, dos mil veinticinco, junio treinta. –
VISTO: En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Fernando Pazos Huayamares.
OÍDOS: Los argumentos de la defensa técnica de los recurrentes y del Ministerio Público.
Interviene como ponente la jueza superior MAGALLANES RODRÍGUEZ.
CONSIDERACIONES
1. DE LOS ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
1.1. La defensa técnica del investigado Fernando Pazos Huayamares, mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2025, solicitó tutela de derechos con el fin que se deje sin efecto la Disposición Fiscal N.º 9 del 30 de septiembre de 2024, en el extremo que decretó secreta la investigación y se dicten medidas correctivas que correspondan.
1.2. El juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante Resolución N.º 02, de 4 de abril de 2025, declaró infundada la tutela de derechos presentada por la defensa técnica del precitado investigado.
1.3. Contra la señalada resolución, la defensa técnica de Fernando Pazos interpuso recurso de apelación, el que fue concedido. Elevado el cuaderno a esta Sala Superior, se convocó a audiencia de apelación para el 23 de junio de 2025. Luego de la correspondiente deliberación, se emite el siguiente pronunciamiento
2. DE LA RESOLUCIÓN OBJETO DE IMPUGNACIÓN
2.1. Se trata de la Resolución N.º 2, de 4 de abril de 2025, emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, cuyos fundamentos consisten resumidamente en lo siguiente:
2.1.1. El a quo teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema, sostuvo que la investigación secreta requiere de una justificación razonable y objetiva, ya que posibilita a las partes conocer los motivos por los que se tomó dicha decisión y, por otro lado, que la declaratoria del secreto de la investigación no incluye mantener “secreta” la atribución de los cargos.
2.1.2. En ese orden de ideas el a quo concluye que el Ministerio Público sí afectó el derecho de defensa al no dar a conocer los hechos imputados del solicitante. Sin embargo, precisa el juez que, dada la naturaleza de la tutela de derechos, no puede establecerse una medida reparadora, toda vez que la Disposición Fiscal N.º 9 del 30 de septiembre de 2024 ya fue notificada al reclamante, en conjunto con la Disposición N.º 10 de 27 de diciembre de 2024 por la que se levantó la investigación secreta; razones que sustentan la existencia de una sustracción de la materia.
2.1.3. Asimismo, en cuanto al cuestionamiento del plazo de la investigación secreta, el a quo considera que esta no es la vía procesal idónea, dado que la Tutela de Derechos es un mecanismo residual, y el reclamo debe ser sustanciado por la vía de control de plazo. Tuvo en cuenta también que el plazo de la investigación concluirá en diciembre de 2025 y que a la fecha la defensa técnica no ha desplegado o propuesto actividad alguna de investigación, por lo que la defensa tiene un promedio de 10 meses para conocer idóneamente los hechos atribuibles a su defendido.
3. DELIMITACIÓN DE LA HIPÓTESIS RECURSIVA
3.1. Pretensión Impugnatoria: El recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Fernando Pazos Huayamares solicita que se revoque la decisión impugnada, con la consecuencia de reformarla para que se declare fundado el pedido de tutela de derechos y se compensen los 95 días de privación del derecho afectado, con un plazo adicional.
[Continúa…]
