Instituciones del Estado se unen en campaña comunicacional sobre la Ley de Extinción de Dominio
Con el objetivo de contrarrestar varios frentes que pretenden invalidar la Ley de Extinción de Dominio que permite la incautación de bienes y dinero de origen ilícito o delictivo, las principales instituciones del Estado se han unido en una campaña comunicacional, bajo el hashtag #ExtinciónContraLaCorrupción.
De esta manera, el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Procuraduría General del Estado y el Programa Nacional de Bienes Incautados-Pronabi, informan de manera clara y sencilla sobre los alcances de la referida ley, logros, objetivos; entre otros.
Esta campaña incluye la elaboración de piezas gráficas, videos y entrevistas a los representantes de las instituciones del Estado involucradas en la defensa de los bienes y dinero de origen licito.
El Poder Judicial ha elaborado videos donde el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, el juez supremo Manuel Luján Túpez, explica en qué consiste esta importante ley.
Entre otras otros materiales comunicacionales se difundirá la figura; en qué bienes procede la extinción de dominio, es constitucional, cuál es el rol del Pronabi en el proceso de extinción de domino, cuáles son los logros obtenidos durante los cinco años de vigencia, cuáles serían las consecuencias de los cambios que se pretende introducir a la ley; entre otros importantes temas.
Coincidentemente esta campaña se inicia con la audiencia de vista de causa del Tribunal Constitucional (TC) en contra de la demanda de inconstitucionalidad contra distintos artículos del Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio, presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Paralelamente a la demanda de inconstitucionalidad, el pasado 13 de diciembre el Pleno del Congreso aprobó en primera instancia con 55 votos a favor, 44 en contra y 8 abstenciones el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1373, norma que regula la extinción de dominio en el país.
Las principales modificaciones están orientadas a condicionar la aplicación de esta figura legal a sentencias penales consentidas en última instancia y a cambiar la carga de la prueba, dificultando el proceso para recuperar bienes de origen ilícito.
Fuente: El Peruano