El Congreso peruano aprueba una ley la amnistía para procesados por violaciones de derechos humanos

¿Qué hace exactamente esta ley?

Esta Ley de Amnistía de junio de 2025 declara que los crímenes cometidos por militares, policías y autodefensas durante el Conflicto Armado Interno peruano (1980-2000), no podrán ser procesados, condenados ni sancionados si se cometieron antes del 1 de julio de 2002 y si no hay sentencia firme.

Aunque dice excluir terrorismo y corrupción, incluye hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad (como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y torturas), en abierta contradicción con el derecho internacional.

Además, la ley obliga a jueces y fiscales a archivarlos bajo pena de nulidad de sus actos y sanción funcional si no lo hacen.

¿Por qué el Congreso aprobó esta ley?

Detrás de esta ley hay varias razones estratégicas y políticas:

1. Blindaje político-judicial:
   Permitir que allegados al fujimorismo y sectores militares eviten condenas o vean archivadas sus causas.
2. Ganancia política:
   Dirigido a las bases más conservadoras: militares en retiro, autodefensas, reservistas y sectores que consideran que el Estado persiguió injustamente a las FFAA que combatieron el terrorismo.
3. Control institucional:
   Es parte de una ofensiva mayor del Congreso para debilitar organismos de control, como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y limitar la colaboración eficaz.
4. Reafirmación de discurso de orden y autoridad:
   En un contexto de creciente inseguridad ciudadana, se presenta como una defensa de las FFAA y PNP para mantener la “paz social”.

¿A quién beneficia realmente?

• Militares y policías enjuiciados:
  Evita que más de 600 oficiales investigados en fiscalías de derechos humanos enfrenten cárcel o procesos costosos y desgastantes.
• Exgobernantes del fujimorismo y operadores del Estado:
  Indirectamente podría facilitar recursos o nulidades para Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros procesados.
• Congresistas conservadores:
  Capitalizan esta narrativa como defensa patriótica y anticomunista, ganando respaldo en regiones militarizadas o rurales que apoyaron a las autodefensas.
• Empresarios y grandes proyectos extractivos:
  La pacificación institucional favorece operaciones en zonas de conflicto social si se refuerza el poder militar local.

¿Qué consecuencias traerá?

A corto plazo:

• Archivo masivo de casos emblemáticos: Barrios Altos, La Cantuta, Putis, Manta, Los Cabitos, Esterilizaciones forzadas.

• Protestas sociales: familiares, colectivos de derechos humanos y organizaciones internacionales.

• Posibles medidas de suspensión por la CIDH.

A mediano plazo:

• Perú expuesto a condenas internacionales por incumplir obligaciones de la Convención Americana y del Estatuto de Roma.

• Aislamiento diplomático parcial en foros de DD.HH. y sistemas multilaterales.

• Debilitamiento institucional: menos autonomía judicial y fiscal.

A largo plazo:

• Precedente de impunidad legalizada.

• Desconfianza social en las instituciones.

• Mayor polarización histórica entre los defensores de las víctimas y los sectores conservadores.