CONGRESO: Comisión permanente archiva DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra Dina Boluarte por muertes durante las manifestaciones.
La decisión de la Comisión Permanente de archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y ex altos funcionarios del Ejecutivo, por las muertes ocurridas en el marco de las protestas de diciembre de 2022, deja serios cuestionamientos al Congreso como órgano de control político y garante de la rendición de cuentas en un Estado constitucional de derecho.
En primer lugar, la medida transmite un mensaje de impunidad institucional frente a hechos que la Fiscalía calificó como graves violaciones a los derechos humanos, debido a la magnitud de las muertes y lesiones registradas en diversas regiones del país. El archivo, se sustenta en una supuesta inexistencia de pruebas “irrefutables”, olvidando que la etapa parlamentaria no tiene como finalidad realizar un juicio penal exhaustivo, sino evaluar si existen indicios razonables que ameriten una acusación posterior. Al exigir un estándar probatorio casi equivalente al judicial, el Congreso vacía de contenido la función de la acusación constitucional.
En segundo lugar, el archivo perpetúa la tensión entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de los altos funcionarios. Si bien la investigación parlamentaria no sustituye la labor fiscal, su decisión tiene efectos directos en la posibilidad de que un presidente en funciones sea procesado penalmente. En consecuencia, la mayoría congresal ha asumido un rol de blindaje político que debilita la separación de poderes y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, el archivamiento revela una interpretación restrictiva de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. De acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado tiene el deber reforzado de investigar, sancionar y reparar casos de uso excesivo de la fuerza letal por parte de agentes públicos. Al no permitir que la denuncia siga su cauce, el Congreso incumple indirectamente con ese deber internacional, exponiendo al país a eventuales condenas en instancias supranacionales.
Finalmente, este desenlace deja abierta una interrogante central: ¿puede un sistema democrático garantizar justicia para las víctimas cuando el órgano encargado de controlar al Ejecutivo responde a intereses políticos coyunturales antes que al mandato constitucional? La respuesta, por ahora, evidencia un déficit de responsabilidad política y una preocupante consolidación de la impunidad.
Debate que archiva la denuncia constitucional de Dina Boluarte.
