Congresistas presionan a la JNJ: solicitan proceso de vacancia contra Gino Ríos.
La reciente solicitud de un grupo de congresistas dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se inicie el procedimiento de vacancia contra el magistrado Gino Ríos debe analizarse con especial atención, no solo por sus implicancias jurídicas, sino por el contexto político e institucional que la rodea.
Este tipo de pedidos, si bien están dentro del marco de un Estado democrático en donde el control ciudadano y político sobre los altos funcionarios es legítimo, no puede desnaturalizarse como mecanismo de presión o injerencia indebida sobre los órganos autónomos encargados de garantizar el funcionamiento independiente del sistema de justicia. La JNJ, como órgano constitucional autónomo responsable del nombramiento, ratificación, sanción y destitución de jueces y fiscales, debe actuar con plena imparcialidad y con criterios estrictamente jurídicos y técnicos. La utilización de canales políticos para forzar procedimientos disciplinarios contra magistrados podría ser interpretada como un intento de instrumentalización institucional con fines ajenos a la legalidad.
La figura de la vacancia, que en el ámbito de la JNJ se vincula a la pérdida de condiciones mínimas para el ejercicio del cargo (como la idoneidad moral, la probidad o el respeto al orden constitucional), exige una base fáctica y jurídica objetiva, que no puede sustentarse únicamente en percepciones, rivalidades políticas, ni en agendas externas. Cualquier procedimiento que se derive de esta solicitud debe observar rigurosamente el debido proceso, el derecho a la defensa del magistrado y la garantía de imparcialidad de la instancia evaluadora.
Además, este tipo de solicitudes genera un precedente delicado: si los actores políticos comienzan a solicitar vacancias o destituciones cada vez que discrepan con la actuación de un magistrado o una institución, se pone en riesgo la estabilidad institucional y se socava la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema de justicia. La independencia judicial, que es un pilar esencial del Estado de Derecho, no solo debe ser garantizada formalmente, sino también protegida de presiones externas —especialmente de aquellas que provienen del poder político—.
En este contexto, la JNJ tiene la responsabilidad de actuar como un verdadero contrapeso institucional, resistiendo cualquier intento de presión o manipulación. Su actuación debe contribuir a fortalecer la autonomía del sistema de justicia y a preservar la legalidad como única fuente legítima para tomar decisiones que afecten la continuidad o permanencia de jueces y fiscales en sus cargos.
Finalmente, el episodio también pone de relieve la necesidad de revisar los mecanismos de control político sobre las instituciones del sistema de justicia, buscando un equilibrio adecuado entre fiscalización, transparencia y respeto a la autonomía funcional. La democracia no se fortalece con la sustitución de jueces por presión política, sino con instituciones sólidas que respondan únicamente al mandato constitucional y no a las coyunturas del poder.
Al no poder declararse la vacancia por el actual presidente de la JNJ, el documento precisa que este proceso recae en la vicepresidenta. Por ello, los parlamentarios solicitan a Cabrera Vega disponer la vacancia de Ríos Patio:
En atención a lo expuesto, solicito que, en estricto cumplimiento de la ley, disponga la vacancia del señor Gino Augusto Tomas Ríos Patio como miembro de la Junta Nacional de Justicia, a fin de garantizar la institucionalidad y el adecuado funcionamiento de la entidad encargada de nombrar, ratificar, evaluar y destituir a los jueces y fiscales de nuestro país, la cual no puede ser presidida por una persona que incumple los requisitos mínimos para acceder al cargo que ostenta.
