Cadena de custodia rota: ¿prueba inválida o elemento aún utilizable?
La RN 1077-2023, Corte Suprema de Justicia Penal Especializada, nos recuerda que una ruptura u omisión en la cadena de
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Derecho Procesal Penal
El TC blinda a la Presidenta: suspensión de investigaciones hasta el fin de su mandato.
El Tribunal Constitucional, mediante el Expediente 00006-2024-PCC/TC, ha declarado fundada la demanda competencial presentada en favor de la presidenta Dina
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Grabación de conversaciones por uno de los interlocutores: ¿violación a la intimidad?
La Sala Penal de Apelaciones de San Martín, en la Apelación 221-2024 (ff. jj. 5.9-5.12), ha establecido un criterio relevante:
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“Andrés Hurtado ante la justicia: la Corte Suprema cierra la puerta al archivo por tráfico de influencias”
El rechazo de la Corte Suprema al pedido de excepción de improcedencia de acción en el caso de Andrés Hurtado
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“Cuando la justicia desafió al poder: Antonia Saquicuray y la inaplicación de la Ley de Amnistía”
La decisión de la jueza Antonia Saquicuray de inaplicar en 1995 la Ley de Amnistía N.° 26479 constituye un hito
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Fiscalías de flagrancia: respuesta inmediata al delito.
La creación de 33 fiscalías de flagrancia en nueve distritos fiscales del país, mediante la Resolución 045-2025-MP-FN-JFS, constituye un paso
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Creación de 33 Fiscalías de Flagrancia: ¿avance real o respuesta coyuntural?
La Resolución 045-2025-MP-FN-JFS dispone la creación de 33 fiscalías de flagrancia en nueve distritos fiscales del país, lo que responde
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“Cuando el investigador se convierte en investigado: denuncias de extorsión y sembrado contra la Diviac”
La reciente denuncia presentada por un abogado contra agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)
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Amnistía 32419: ¿Justicia histórica o impunidad encubierta?
La Ley N.° 32419, recientemente promulgada, concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa
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“Conversión de pena sin prisión previa: cuando el sentido común vence al formalismo”.
La decisión del [Exp. 03266-2022-42, f. j. 2.4] marca un límite claro a la aplicación rígida de la ley penal
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